Polémica por la futura licitación de uso de rampas y amarres de embarcaciones de lista 6ª en PortsIB

Representantes del puerto de Andratx, Sóller, Pollença y Porto Cristo accedieron al interior de las instalaciones del edificio de Ports IB, para mantener una reunión con el equipo jurídico y gerencia de Ports IB para exponer sus situaciones.

El pasado 17 de octubre, el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicaba el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Ports IB para iniciar el proceso de licitación, mediante concurso público, de autorización de amarres para embarcaciones de lista 6ª y uso de rampas en las instalaciones que gestiona la entidad, para embarcaciones que desarrollan actividades comerciales de transporte de pasajeros con finalidad turística o recreativa, alquiler de embarcaciones y actividades acuáticas, a partir de la temporada 2026, además de medidas provisionales para la temporada 2025.

Una normativa que afectaría a empresas que actualmente operan en los 13 puertos de gestión directa de Ports IB (Andratx, Cala Bona, Cala Figuera, Cala Ratjada, Ciutadella, Fornells, Pollença, Porto Cristo, Portocolom, Portopetro, Sant Antoni de Portmany, Sóller y Colonia de Sant Jordi) y que en sus primeros pasos, no ha sido recibida con buenos ojos por algunos de los afectados. Muchos de sus representantes han manifestado durante este tiempo su preocupación y descontento frente a la entidad pública a través de varias cartas, emails y llamadas de teléfono, contactos con los que nunca obtuvieron respuesta, hasta ayer, martes 12 de octubre, gracias a que se concentraron frente a la sede de Ports IB y fueron atendidos por su gerente, Kiko Villalonga.

Fueron los representantes del puerto de Andratx, Sóller, Pollença y Porto Cristo los que  accedieron al interior de las instalaciones del edificio, para mantener una reunión con el equipo jurídico y gerencia de Ports IB para exponer sus situaciones grupales y personales, además de solicitar algo más de información sobre esta futura licitación, la cual aseguran “que se ha sacado con muy poco tiempo y las pequeñas empresas no tenemos tiempo de reacción para buscar plan B o decidir si invertimos para poder presentarnos a un  futuro concurso público” explican. Además, temen que desde Ports IB, tomen de base los mismos pliegos de Ciutadella para redactar el concurso del resto de instalaciones portuarias de las Islas, en las que “la gran parte de la puntuación total de la licitación viene determinada únicamente por la oferta económica presentada” comentan.

El 19 de junio de 2023, el Consejo de Administración de Ports IB acordó el inicio del procedimiento de licitación de autorizaciones del uso de rampas para empresas dedicadas al alquiler en el puerto interior de Ciutadella a partir de la temporada 2024. Unas autorizaciones que se han hecho por lotes de seis embarcaciones y por un plazo de cuatro años. “Entre invertir en una flota nueva y pagar los gastos de la licitación es imposible que la actividad empiece a ser rentable hasta el tercer o cuarto año” advierten los afectados.

Entre algunas de las incoherencias que los afectados aprecian en el concurso de Ciutadella está el hecho de que las embarcaciones tengan una antigüedad inferior a dos años o que las embarcaciones que se puedan alquilar tengan una antigüedad máxima de 5 años y una eslora inferior a 6 metros. “Nos obliga a invertir en embarcaciones nuevas y deshacerse de las que tienen más de cinco años, aún estando en perfecto estado. Esta norma es contraria al cuidado del medio ambiente y huella ecológica” indican.

Además de que la oferta económica tiene una valoración del 80%. Un hecho que podría favorecer a empresas más grandes en detrimento de las pequeñas empresas locales. “Se lo queda el que más paga” señalan los representantes.

Algunos de estos autónomos creen que esta medida supondrá la ruina de pequeños negocios que llevan años generando empleo. Recuerdan que sus actividades son complementarias a la actividad portuaria como son la apnea, pesca, submarinismo, excursiones marítimas… y contribuyen al desarrollo económico, social y medioambiental de la zona. “Nuestras pequeñas y medianas empresas tienen una antigüedad de entre 6 y 30 años trabajando en el puerto de Sóller y hemos realizado una gran inversión comprando barcos, alquilando locales y oficinas...45 familias viven directamente de estos negocios” explican los afectados del puerto de Sóller. 

Además, apuntan a que “saldrán lotes para usos de varias embarcaciones, condicionante que no se ajusta a la realidad de alguna empresa que tan solo requiere de  tarjeta de uso de rampa, ya que que solo disponen de una embarcación, y que realizan salidas diarias desde el puerto de Sóller para practicar esta actividad.

Por su parte, Kiko Villalonga, gerente de Ports IB,  les ha explicado que este proceso es necesario porque ya fue aprobada por el Consejo de Administración en 2017 y sobre todo, porque tienen una lista de espera de más de 600 embarcaciones de lista 6ª para la realización de servicios de transporte marítimo, alquiler de embarcaciones, actividades acuáticas, amarres y uso de rampas. Además de que estas concesiones se realizarán por lotes y por un plazo máximo de cuatro años.

Según Ports IB esta licitación permitiría racionalizar y regular el funcionamiento de las instalaciones de rampa de embarcaciones de los puertos de gestión directa, con el objetivo de regular su uso y establecer el número máximo de empresas y embarcaciones de alquiler de lista 6ª.

Aunque desde Ports IB recuerdan que las bases aún no están escritas y se tendrá en cuenta al sector a la hora de redactarlas, según publica el BOIB, se abriría concurso para amarres destinados al alquiler de embarcaciones y actividades acuáticas, que se adjudicarán antes del inicio de la temporada 2026. Y concurso para embarcaciones destinadas a actividades comerciales de transporte marítimo de pasajeros con finalidad turística o recreativa, incluyendo el embarco o desembarco de pasajeros.

Las personas físicas o jurídicas que hayan tenido una autorización para embarcaciones dedicadas al alquiler de embarcaciones y actividades acuáticas en el dominio público durante el año 2024, siempre que estén al corriente de los pagos, podrán solicitar una nueva por un plazo máximo de un año. Hasta que se lleve a cabo el concurso de amarres, los usuarios actuales tendrán preferencia para obtener una nueva autorización.

Además, según publica el BOIB, se licitará la autorización del uso de las rampas por parte de empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones y actividades acuáticas en los puertos de Mallorca y Fornells de gestión directa a partir de la temporada 2025. Hasta ahora, las empresas dedicadas a algún tipo de actividad comercial, solicitaban la autorización de uso de rampa todos los años pagando una cuota fija al año por embarcación. Este año, al no tener la posibilidad de realizar la renovación de estas tarjetas de rampa por vía telemática, como todos los años, en el puerto de Sóller consiguieron una ampliación para la temporada 2024, desde abril a octubre. “Han utilizado una tasa de varadero y hemos pagado unos 5€ por día y embarcación. Hemos pasado de pagar unos 500€ por embarcación y por todo un año, a pagar más de mil euros por matrícula y por solo siete meses” explican desde Sóller.