Rechazo total al traspaso de fondos de la náutica

Las entidades del sector náutico balear muestran su “más profundo” desacuerdo a la transferencia de capital desde Ports de les Illes Balears (Ports IB) a otros departamentos del Govern balear.

Así lo han hecho saber en una carta en la que la Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (AENIB), la Asociación de Navegantes Mediterráneo (ADN), la Asociación Mallorquina de Pesca Recreativa y Responsable (AMPRR), la Asociación de Pescadores de Baleares (APIB), la Asociación de Clubs Náuticos de Baleares (ACNB), la Asociación de Instalaciones Náutico Deportivos de Baleares (ANADE), la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (APEAM), la Asociación Española de Grandes Yates (AEGY)  y la Federació d’Associacions d’usuaris (FAIB), explican que ya en el año 2020 Ports IB transfirió 10 millones de euros a la entidad Serveis Ferrioviaris de Mallorca (SFM), y anteriormente el Govern había aprobado la transferencia de capital de 5 millones de euros al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI). 

La náutica balear se ha visto en la necesidad de alzar su voz y dar a conocer estos datos tras conocer que el pasado 30 de junio, el Consejo de Administración de Ports IB, iba a celebrar una sesión extraordinaria para autorizar, disponer y ordenar el pago de 16.733.000 euros al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), sesión que finalmente fue anulada. 

Este dinero iba a ser usado para la compra de vivienda social, una compra que se ha puesto en tela de juicio, ya que se iba a pagar 293.000€ por cada inmueble con piscina, algo que “tal vez se aleja un poco del patrón de vivienda social” declaran en la carta. 

Las entidades recuerdan que más de la mitad del presupuesto de Ports IB sale de lo que las instalaciones náuticas de gestión indirecta, clubs náuticos y marinas pagan en concepto de canon y tasas, y, a la vez, de lo que los ciudadanos pagan por tener su embarcación en dichas instalaciones. Sin olvidar, que “el 80% de las embarcaciones de nuestra comunidad son de una eslora inferior a 10 metros (náutica social)” recalcan. 

Por ese motivo, las organizaciones náuticas no ven lógico que “el beneficio que se obtiene no se revierta en el mismo sector náutico y en la náutica social”. Y destacan por ejemplo el incremento de un 21% del precio de la reserva de amarre en las boyas gestionadas por Ports IB, siendo un ente público. 

“Hasta la fecha la náutica social no se ha contemplado como una actividad propia de nuestro archipiélago, no ha sido objeto de ninguna ayuda ni apoyo por parte de la Administración” aseguran, y ponen como ejemplo las facilidades que ofrece el Govern a los aficionados a la montaña con la compra de fincas públicas, la creación de rutas senderistas y refugios a precios asequibles, pero “no se aplica la misma filosofía a los ciudadanos que tienen su ocio en el mar”. 

Desde las entidades solicitan que los beneficios que el Govern genera con los pagos de los usuarios del mar se ajusten cánones, tasas, precios de alquileres de puntos de amarre y servicios. Además, recuerdan que durante las dos últimas legislaturas el Govern se ha llenado la boca hablando de sector estratégico y economía azul, mientras que desde la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio solo se ha puesto trabas al trabajo de Ports IB.