La Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo ha tramitado un total de 101 expedientes sancionadores a lo largo de 2022 relacionados con infracciones en alquiler de embarcaciones de recreo. De esta forma, en 2022 se han abierto un 48,53% más de expedientes que en el año anterior, que en total fueron 68.
MANTENTE PUNTUALMENTE INFORMADO DE LO QUE HACEMOS Y RECIBE NUESTRO NEWSLETTER.Estos expedientes corresponden, mayoritariamente, a dos infracciones administrativas. Una es la realización de la actividad sin haber realizado la correspondiente declaración responsable o sin autorización, siempre que no se cumplan los requisitos legales o reglamentarios para realizar la actividad. Dicha infracción, por la que se han abierto 51 expedientes a lo largo de 2022, se considera grave, según establece el articulo 3.3.a de la Ley 2/2015, de régimen sancionador en materia de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas.
La segunda infracción más frecuente ha sido la de no llevar a bordo una copia de la declaración responsable o autorización, o no enseñarla a la autoridad. Por esta infracción, que se considera leve según el artículo 3.2.b de la Ley 2/2015, se han abierto 50 expedientes en 2022.
Del centenar de expedientes abiertos durante el año pasado, ya hay 44 finalizados, que se han traducido en sanciones por un importe de 39.580 euros. En relación a la distribución por islas, el 44,55% de los expedientes corresponden a Menorca, el 25,74% a Mallorca, el 15,84% a Ibiza, el 11,88% a Formentera, y el 1,98% a Cabrera.
Durante el año 2022, la Conselleria de Movilidad y Vivienda, a través de la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo, ha realizado por segundo año consecutivo una campaña de inspección de embarcaciones que llevan a cabo actividades de alquiler de embarcaciones de recreo en Baleares.
Se realizaron 72 inspecciones de embarcaciones durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre en Palma, Alcudia, Colonia de Sant Jordi, Sóller, Andratx, Ciutadella, Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Formentera. Y se han tramitado 89 denuncias de posibles infracciones administrativas de la normativa autonómica.